Como representante de Prado y Secretaria de Fepaex, acompañando a la Presidenta de la federación,
nos hemos reunido, el martes pasado, con el Diputado de Badajoz Manuel Moreno Delgado, responsable
máximo de la perrera provincial situada en Olivenza, junto a Manuela
Pablo Díaz, propietaria y gestora de la misma.
Nos hubiera
gustado que fueran unos presupuestos dedicados a que los animales abandonados sean
recogidos por personas con formación (como en cualquier trabajo),
trasladados en vehículos adecuados (como obliga la ley) a unas instalaciones
reglamentarias (según la ley de núcleo zoológico) donde reciban atención
veterinaria, alimentación apropiada y desde donde se difundan hasta
encontrar una familia para ellos y, llegado el caso, que reciban una muerte
digna, sin sufrimiento y mediante procedimientos legales como llevamos
reclamando desde hace años.
Las
explicaciones han sido, cuando menos, desconcertante: partidas que no van a
donde deben ir, juegos de cifras y presupuestos,.......el laberinto financiero
roncambolesco es increíble.
Lo que nos dicen es que un año más, los perros abandonados serán recogidos en furgones obsoletos donde sufren golpes de calor o se congelan, capturados por laceros que los dardean sin compasión o los estrangulan con los lazos y que, un año más, y es lo único seguro, 38.000 euros llegarán a manos de la gerente de la Perrera Provincial ubicada en Olivenza para que los perros abandonados de nuestra provincia sigan entrando en ese infernal lugar.
Es complicado explicar a esta
administración, que ha creado este servicio con el fin del control de las
zoonosis, evitar accidentes de tráfico por animales sueltos, impedir que los
perros vagabundos y cimarrones generen suciedad en las calles y, en general,
colaborar con los ayuntamientos a retirar este elemento problemático de
nuestras bonitas calles que, eso que para ellos es un elemento a eliminar
para nosotros son seres dignos de respeto, que necesitan ayuda y protección,
que deben ser atendidos y auxiliados y que no son ellos el problema sino los
irresponsables que los llevan, por miles, a esta situación.
Es difícil porque la Diputación
Provincial de Badajoz no se caracteriza por su trato respetuoso y
sensible a los animales, véase las partidas que cada año destina a matanzas tradicionales (8.000 euros en 2014), fomento de la tauromaquia (512.000 euros en 2014), etc.
Pero seguimos intentándolo. Cada año
pedimos datos muy sencillos y fáciles de obtener (número de perros recogidos,
número de perros eutanasiados,.....), no tanto por contar nosotros con ellos,
sino para que todos los ciudadanos los conozcan, para que alguien, en esta
Diputación o, en general, en la administración extremeña, contemplen el horror
de esta matanza. Un año más, nos marchamos del despacho del Diputado con las
manos vacías. ¿No quieren darnos esos datos o, peor aún, nunca se han
molestado en recopilarlos y estudiarlos? No sabemos que es más complicado de
asimilar para nosotros, su desinterés o su indiferencia hacia los animales y hacia los ciudadanos que pagamos todo esto con nuestros impuestos.
A día de hoy
y ,tras años reclamando, no sabemos quién mata y como lo hace a los perros recogidos por los camiones de la Diputación y trasladados a
Olivenza. La Sra. Manuela Pablo, propietaria y gerente, dice que un veterinario de la Diputación Provincial de Badajoz enviado por ellos, va periódicamente
y mata a los perros que ella incluye en su lista de eliminación según fecha de ingreso en el lugar. El Diputado
niega que ellos envíen a nadie y asegura que el veterinario es el que lleva el
núcleo de Olivenza. ¿La veterinaria Ana Llorente?
A duras penas logramos que personas
que desean terminar con esta situación, no por amor a los animales, sino por el
gran coste económico que supone y el desgaste en imagen que sufre la
Diputación Provincial de Badajoz, entiendan que está situación debe cambiar, que el
problema que con esta masacre quieren matar y enterrar no es tal, que el
verdadero, el origen de todo esto, es la falta absoluta de control en la cría
de animales, la libertad para maltratarlos, usarlos o abandonarlos, la
impunidad para hacerlo y en general, la dejación absoluta por parte de las
administraciones para llevar a Extremadura hacia el siglo XXI en relación
al trato a los animales y el cumplimiento de las leyes que hemos creado y que debemos defender.
Su esperanza, que la nueva
reglamentación sobre administraciones públicas les liberé de seguir ofreciendo
este servicio y que pase a otro organismo bien lejos de ellos.
Nosotros
seguiremos adelante, quisiéramos que fuera al lado de Ayuntamientos, Diputaciones, Consejerías, Colegios Veterinarios.......pero, por nuestros
animales, si debemos seguir, como hasta ahora, frente a todos, así
será.