La defensa de la dueña de la protectora Parque Animal de Torremolinos, acusada del sacrificio masivo de 2.183 animales en dos años, a los que, supuestamente, suministraba menos producto eutanásico provocándoles «una lenta y dolorosa agonía», según el fiscal, ha pedido que se anule la causa judicial porque se han vulnerado todos sus derechos fundamentales en la investigación de este caso que realizó el Seprona de la Guardia Civil. En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso este periódico, la letrada Raquel Rodríguez pide la absolución de la propietaria de Parque Animal porque el sacrificio de los animales «fue realizado por veterinarios contratados o colaboradores» del centro y no por ella ni por un empleado, como sostienen la acusación pública y la particular. En este sentido, afirma que el hecho de que éstos profesionales nieguen la autoría de la muerte de los animales responde a la «amenaza» del Colegio de Veterinarios de imponerles una sanción disciplinaria y a un «boicot» de todos los veterinarios del centro que «responde a fines espúrios».
La defensa afirma que los miembros del Seprona, tras recibir una denuncia en junio de 2010, «se prevalieron de sus funciones inspectoras para invadir» Parque Animal, donde entraron en cuatro ocasiones «sin contar con el consentimiento de la dueña, la única legitimada para ello, y sin autorización judicial» para tener acceso tanto a los animales que se encontraron, como al medicamento utilizado para las eutanasias, facturas, listado de animales incinerados y recetas. Por ello afirma que la investigación debe ser anulada.