La grotesca realidad en España nos muestra día a día que supera a las películas de Berlanga.
Es el caso de Gestalgar, un pequeño pueblo de 600 habitantes ubicado en La Serranía de Valencia y único ayuntamiento gobernado por el PSOE en toda la comarca, debe hacer frente a una cuantiosa multa como responsable de un accidente ocurrido en uno de los bous al carrer que se celebran en su municipio.
En 2009, un toro embolado corneó a una vecina debido a un fallo en vallado de protección, que cayó en parte y permitió al toro huir.
En octubre de 2014, una sentencia firme del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana, obligaba a indemnizar a esta vecina con 176.000 euros. El seguro se hará responsable de los 60.000 euros por los que se contrató, y el resto recaerá sobre los vecinos del pueblo: 116.000 euros más costas del juicio, que elevan la cifra a más 120.000 euros ( el 20 % del presupuesto del ayuntamiento para un solo año).
Pero Gestalgar no dispone de dinero para pagar esta deuda.
¿Cuál es la solución que el PSOE ha encontrado para pagar la indemnización que reclama la afectada? Construir una planta de tratamiento de residuos industriales y seguir con toros embolados.